Un estudio asegura que la situación de los discapacitados en 28 países europeos carece de calidad

Bruselas (29/01/08).- Un estudio presentado hoy por la Comisión Europea revela que los cuidados hospitalarios para las personas discapacitadas están lejos de tener una calidad aceptable. Este análisis revela cómo se desarrolla el sistema sanitario en 28 países europeos y cuáles son los servicios que prestan a los ciudadanos con algún tipo de minusvalía. Los investigadores apuestan por sustituir las residencias tradicionales por centros abiertos en el seno de las ciudades para contribuir a la sociabilidad. En cuanto a España, en 1999 había casi tres millones y medio de discapacitados de los que la mayoría padecían una deformación de su cuerpo.
El estudio propone ofrecer a las personas discapacitadas servicios alternativos más próximos. Según Vladimir Spidla, comisario europeo de Asuntos Sociales, "en Europa, más de un millón de personas con minusvalías viven en cualquier tipo de hospital. La calidad de vida es muy diferente al cambiar de una estructura a otra y la dignidad de los residentes no está siempre garantizada". Spidla ha augurado que este estudio -"Desinstitucionalización y vida en comunidad. Impactos y costes"- ayudará a los Estados miembros a "transformar los servicios hospitalarios para discapacitados en servicios sociales de calidad en el seno de la colectividad".
El análisis ha sido realizado por el centro Tizard de la Universidad de Kent y la "London School of Economics" (Escuela londinense de Económicas) y afirma que, en muchas ocasiones, las condiciones de vida en las residencias para discapacitados no cumplen con los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos. Es por ello que proponen servicios más cercanos al paciente, "que no cuestan más caros", se recoge en el informe. En este sentido, la desinstitucionalización se refiere a la sustitución de las estructuras cerradas, como los centros hospitalarios, por servicios situados en el centro de las localidades abiertos a la comunidad.
Realizar este proyecto supondría un coste de 349.781 euros, según el estudio, cuyos objetivos han sido: analizar y contabilizar el número de personas con discapacidad que viven en una residencia en 28 países europeos; estudiar los acuerdos económicos necesarios para implantar servicios basados en modos de vida independientes y sociabilizadores; y ofrecer recomendaciones y presupuestos sobre la transición a este tipo de instituciones.
Caso español
Entre los países estudiados se encuentra España y su análisis ha sido elaborado por la asociación científica "Psicost". En el informe se ofrecen datos económicos españoles, tales como que España se situaba en 2006 en el puesto número 25 en el ranking de países con un mayor Producto Interior Bruto (PIB) per cápita. Además, se explica el funcionamiento del sistema sanitario español, con una seguridad social universal y gratuita para los residentes en España, que hace dos años se acercaban a los 45 millones de personas, lo que suponía un 9,4% de la población total de la UE de los 25.
El documento explica también que las desventajas sociales producidas por la discapacidad, en España son compensadas con beneficios fiscales y pensiones, dirigidas sobre todo a la población mayor de 65 años de los que un 32% sufren algún tipo de minusvalía. Por su parte, los ciudadanos de entre 6 y 64 años con discapacidades representan casi un 5% de la sociedad española.
En 1999, existían cerca de un millón y medio de hombres discapacitados frente a más de dos millones de mujeres deficientes física o psíquicamente. De ellos, más de un 25% poseían una discapacidad ortopédica -deformación del cuerpo humano-, seguidos de un 18% con minusvalías visuales y auditivas, un 11% con problemas mentales, un 7% con discapacidad visceral -relacionada con el estómago, el hígado y el corazón-, un 6% con deficiencias en el sistema nervioso y un 1% con dificultades en la comunicación y el lenguaje.
Actualmente, España tiene 508 residencias públicas con menos de 20.000 plazas, que suponen un coste anual para el Estado de casi 350 millones de euros, según se señala en el documento. También, hay 254 residencias para personas no dependientes y 508 centros alternativos con más de 3.000 plazas, ocupadas en casi un 94% por enfermos mentales y con discapacidad intelectual.
Dificultades
A la hora de elaborar este estudio, los investigadores se encontraron con que España carece de un marco conceptual común para todas sus autonomías, así como de una metodología, comparaciones entre regiones y una evaluación de los servicios prestados.
Para paliar esta situación, los encargados del estudio recomiendan que los Estados miembros trabajen con Eurostat para facilitar a menudo datos sobre el desarrollo y cumplimiento de los derechos de las personas con deficiencias. Por su parte, la Comisión Europea habla del Fondo Social Europeo, que es una herramienta utilizada por la UE para contribuir a la mejora del día a día de los discapacitados, por ejemplo, promoviendo la autonomía de vida y ofreciendo el desplazamiento de los minusválidos hasta sus casas.