Los afectados han denunciado a la Generalitat de Cataluña y a la Junta de Andalucía por no cumplir los plazos.
Los familiares de las personas dependientes han dado una nueva vuelta de tuerca en su particular cruzada contra la Administración. Y es que, desde que entrara en vigor la Ley de Dependencia el pasado 1 de enero, son muchas las familias que, a día de hoy, no sólo no han recibido las ayudas, sino que ni tan siquiera han sido valoradas por los servicios sociales -requisito indispensable para seguir adelante con el proceso-. Por ello, lo que hasta ahora habían sido simples quejas y escritos remitidos a las autoridades competentes denunciando retrasos, se han convertido en denuncias formales ante los Tribunales de Justicia. Cataluña y Andalucía han sido las dos primeras comunidades en las que los padres y familiares de personas dependientes consideran que se está vulnerando la ley. El pasado 20 de septiembre, el portavoz del colectivo «Papás de Álex», Antonio Moreno, acudió a las puertas de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con la denuncia bajo el brazo. En su punto de mira ha situado al Departamento de Acción Social del Gobierno de la Generalitat, al que acusa del supuesto incumplimiento y vulneración de la «Ley 30/1992 de 26 de diciembre en su artículo 42 anexo 3 punto b». O lo que es lo mismo que, a día de hoy, «las resoluciones en cuanto al dictamen de las valoraciones del reconocimiento tanto del grado como del nivel de la situación de dependencia no obran en poder de algunos miembros de este colectivo». A la espera del examen El ejemplo no ha tardado en propagarse y, esta misma semana, padres de niños con discapacidad de Málaga también acudieron a los juzgados para denunciar a la Junta de Andalucía. Estos padres solicitaron en el mes de junio la valoración del grado de dependencia de sus hijos, conforme al procedimiento establecido por la Junta, sin que hasta la fecha se haya realizado la valoración. «Transcurrido ya el plazo máximo de tres meses desde que se realizó la solicitud y sin que se haya notificado resolución expresa, podemos entender desestimadas las solicitudes por silencio administrativo, obligándonos a presentar los correspondientes recursos administrativos», asegura María Francisco Gallego, una de las madres afectadas. Daniel Moreno, otro padre denunciante, asegura que «lamentablemente, lo que está ocurriendo aquí se repite en todas las comunidades autónomas». Según, Ignacio Loring, el abogado de las familias malagueñas denunciantes, «es ahora cuando se realizan las valoraciones, pese a que la ley entrara en vigor a principios de año». Según él, la explicación es que la Junta «no tiene medios ni económicos ni materiales. Ahora es cuando están contratando asistentes sociales. Hace casi un año que entró en vigor la Ley y todavía hay familias que ni siquiera han sido valoradas». «El Gobierno está vendiendo esto como el cuarto pilar del Estado de Bienestar y todo es mentira». Sin embargo, el panorama que pinta no sólo se circunscribe a Andalucía. Y es que, según él, «otras comunidades ni tan siquiera tienen el decreto de desarrollo. En Cantabria y La Rioja varias familias podrían acudir también a la Justicia». Quejas al Defensor del Pueblo Otro de los frentes que tienen abierto los padres de dependientes es el del Defensor del Pueblo, cuya puerta también ha golpeado Antonio Moreno. De hecho, en una carta firmada por Enrique Múgica y remitida a Moreno, se afirma que «se ha iniciado el estudio del asunto sometido a nuestra consideración». Los padres malagueños también están preparando una queja similar. Sin embargo, la situación es muy distinta para la Generalitat de Cataluña. Según aseguró a este periódico una portavoz, y echando mano de los últimos datos con los que cuentan -25 de septiembre-, «se están cumpliendo los plazos. Hasta ese día 15.388 personas ya habían obtenido el reconocimiento como dependientes de grado III». Por su parte, la Junta de Andalucía sí que ha reconocido que se están produciendo retrasos en la evaluación, como aseguró su portavoz, Enrique Cervera. Sin embargo, se ha comprometido a que todas las solicitudes «recibirán la oportuna resolución administrativa y no habrá ningún tipo de prescripción de derechos, ya que se reconocerán con carácter retroactivo desde el día en que se registró la solicitud». Aunque confesó la existencia de «dificultades» desmintió que los retrasos se deban a la falta de personal. El mismo día que los padres malagueños acudían a los tribunales, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, manifestó que la Ley de Dependencia estaba «avanzando en la buena dirección», y que el Gobierno la «continuará desarrollando con la financiación necesaria».
